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Actualidad Àgora

Le recordamos que la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la cual se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, establece que el plazo de pago que tiene que cumplir el deudor, si no hubiera fijado fecha o plazo de pago en el contrato, será de 30 días naturales después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios.

Además, la ley señala que los plazos de pago no podrán ser ampliados mediante pacto de las partes por encima de los 60 días naturales. En consecuencia, la norma imperativa prohíbe taxativamente la posibilidad de alargar los períodos de cobro más de 60 días desde la entrega de los bienes mediante la autonomía de la voluntad de las partes contratantes.

Además tenemos que tener en cuenta que:

  • Como penalización, la Ley de morosidad establece que todo retraso por parte del cliente en el momento de efectuar el pago en relación con el plazo contractual o legal, da lugar automáticamente el derecho de los acreedores a percibir intereses de demora sin necesidad de efectuar ninguna intimación al deudor.
  • Como “Cláusulas y prácticas abusivas”, la misma Ley introduce el concepto de prohibición de abusar de la libertad contractual en perjuicio del acreedor, puesto que cuando existan acuerdos que beneficiaban excesivamente en el deudor a expensas del acreedor, se pueden considerar abusivos estos contratos y se consideran nulas las cláusulas pactadas entre las partes sobre la fecha de pago o las consecuencias de la demora que difieran en cuanto al plazo de pago y tipo legal de interés de demora establecidos por la ley, cuando tengan un contenido abusivo en perjuicio del acreedor consideradas todas las circunstancias del caso, entre ellas la naturaleza del producto o servicio, o los usos habituales del comercio.

 

Sentencia del Tribunal Supremo: nulos los plazos de pago superiores a 60 días

Una sentencia del Tribunal Supremo, de 23 de noviembre de 2016, confirmó que, a efectos de la Ley 3/2004, el plazo máximo de pago es de 60 días.

Como conclusiones de esta sentencia del Tribunal Supremo, podemos destacar:

  • El plazo máximo de pago de 60 días es imperativo. Cualquier plazo superior es nulo de pleno derecho (arte. 6.3 del Código Civil). Todos aquellos pactos o cláusulas acordados entre las partes que determinen plazos superiores a este límite temporal, serán nulos de pleno derecho.
  • Como excepción, podría haber un plazo superior a 60 días y hasta un máximo de 90 días en los supuestos en los cuales, por mandato legal o pacto expreso, exista un procedimiento de aceptación o comprobación de los bienes o servicios prestados.
  • El hecho que no se haya impugnado previamente el pacto por abusivo no constituye un acto propio que impida la reclamación de los intereses desde la fecha tope conforme a la Ley de morosidad.

Con esta sentencia, el Tribunal Supremo confirma que el que era una práctica habitual en las operaciones comerciales entre los diferentes agentes del mercado consistente en pactar por contrato plazos de pago superiores a los 60 días, resulta en un incumplimiento de la normativa y la sanción será la nulidad del pacto y una posible condena por los intereses de demora.