Esta web utiliza cookies para mejorar tu experiencia de usuario y para recopilar información estadística sobre tu navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. OK | Más información
Agora

Actualidad Àgora

Desgraciadamente son muchas las empresas que han sufrido algún impago en sus facturas, sobre todo en estos últimos años de crisis. En estos casos es lógico que el empresario o profesional que expide la factura quiera recuperar, al menos, la parte del IVA repercutido. Esto implicará a todos los efectos, la rectificación del impuesto. Sin embargo para poder hacerlo se tienen que respetar unas normas de ámbito contable, pero sobre todo de ámbito fiscal.

¿Qué criterios se tienen que respetar en el ámbito fiscal?

En los aspectos fiscales, la normativa que regula el IVA, en su redacción vigente desde el 1 de enero de 2015, dispone que la base imponible del impuesto se puede reducir cuando los créditos correspondientes a las cuotas repercutidas por las operaciones grabadas resulten incobrables totalmente o parcialmente. Y para que estos créditos puedan ser considerados como incobrables tienen que reunir, fiscalmente, las siguientes condiciones:

• Que haya transcurrido un año desde el devengo del impuesto repercutido sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte del crédito derivado del mismo.

 

• Este plazo pasa a ser de seis meses cuando el titular del derecho de crédito es una PYME. Sin embargo, las PYME podrán modificar la base imponible ya sea cuando haya transcurrido el plazo de seis meses mencionado o bien podrán esperar al plazo general de un año que se exige para el resto de empresas.

 

• Cómo no puede ser de otro modo, la cuestión se complica con referencia a las operaciones a las cuales sea aplicable el régimen especial del criterio de caja que, de hecho, ha tenido muy poco éxito por los motivos que todo el mundo conoce. 

 

• Otra condición obvia es que todas estas circunstancias hayan quedado adecuadamente reflejadas en los libros registres de IVA.

 

• También es necesario que el destinatario de la operación actúe en la condición de empresario o profesional.

 

• Y, finalmente, que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante reclamación judicial o por medio de requerimiento notarial.